La provincia argentina de Córdoba logra una medida cautelar para acceder a dólares

Buenos Aires, 6 jun (EFE).- La central provincia argentina de Córdoba logró este martes una medida cautelar para poder acceder a dólares para cancelar deudas, tras recurrir a la Justicia en contra de una reciente resolución del Banco Central argentino que restringe a las provincias el acceso a divisas extranjeras.

El Gobierno de Córdoba informó en un comunicado que el juez federal Alejandro Sánchez Freites hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la provincia en una acción de amparo iniciada contra el Banco Central de Argentina.

La semana pasada, la autoridad monetaria dictó una resolución que restringe el acceso de los estados provinciales al mercado cambiario oficial para adquirir los dólares necesarios para afrontar sus deudas en moneda extranjera.

La medida se sumó a las múltiples restricciones para acceder a dólares que hay en Argentina, un país que sufre severos desequilibrios macroeconómicos, incluyendo un insuficiente ingreso de divisas y escasas reservas monetarias en el Banco Central.

Según informó el Ejecutivo cordobés, Sánchez Freites ordenó la inaplicabilidad de la medida, «por lo que el Banco Central deberá proveer sin restricción alguna la venta de los dólares necesarios» para cubrir un vencimiento de deuda provincial que opera el próximo 10 de junio.

Ante esta decisión judicial, el Banco Central argentino dijo en un comunicado que «procederá a interponer los recursos de ley contra la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Córdoba».

Además, apuntó que, atendiendo a la naturaleza de la cuestión, el juez se declaró incompetente, ordenando la remisión de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, por entender que esa es la instancia con competencia originaria.

La calificadora de riesgo Moody’s advirtió este martes en un informe que las restricciones impuestas a las provincias «reducen severamente el apetito de los inversores por deuda provincial argentina» y, de prorrogarse, limitarán «considerablemente las opciones de financiación de los gobiernos locales y regionales» y les forzará a recurrir a procesos de reestructuración de deuda hacia 2024. EFE

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