Asunción, 4 ene (EFE).- El ministro paraguayo de Justicia, Ángel Barchini, presentó este jueves un proyecto de ley que prevé implementar un régimen cerrado de máxima seguridad para reos de «alto riesgo», que tendrían un máximo de 2 horas diarias fuera de sus celdas y a quienes se les prohibirían las visitas conyugales y los aparatos audiovisuales o tecnológicos.
La propuesta fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso, que sesiona desde el pasado 21 de diciembre y hasta el próximo 1 de marzo, cuando concluya el receso parlamentario.
El titular de Justicia pidió en una conferencia de prensa el «acompañamiento del poder Legislativo» en la redacción y aprobación de la propuesta de ley.
El funcionario aseguró que promueve la iniciativa «ante la situación de extrema gravedad que vive la república» con un «muy frágil» sistema penitenciario.
«Como no teníamos una ley, no teníamos la estructura edilicia donde podríamos poner a los delincuentes, criminales de alta peligrosidad; entonces, lógicamente, hay que legislar», defendió.
Barchini explicó que el proyecto busca garantizar que su despacho implemente el sistema de máximo control en las cárceles con el respaldo de una ley y «no solamente en una resolución» ministerial, «como está funcionando hoy en día».
Entre otros, el documento propone una clasificación de los reclusos en alto, medio o bajo riesgo.
Además, aclara que «únicamente las personas clasificadas de alto riesgo o que demanden alta seguridad podrán ser sometidas a un régimen cerrado especial».
Para implementar estos espacios, las cárceles deberán disponer de celdas individuales para alojar a los presos, que tendrán restringido «todo tipo de contacto» con otros privados de libertad.
De igual forma, tendrá derecho a «visitas de no contacto, debidamente monitoreadas por los agentes de seguridad». Los abogados podrán ir en días y horas establecidas por el Ministerio de Justicia, previa solicitud.
Además, deberán vestir un uniforme provisto por las autoridades penitenciarias.
Paraguay, con una población de 6,1 millones de habitantes, contabiliza cerca de 18.000 reclusos, de los cuales un 30 % tiene condena y un 70 % permanece aún bajo proceso judicial, según cifras del Ministerio de Justicia.
Barchini estimó que «no más de 300» personas privadas de libertad estarían bajo este régimen. EFE
