Asunción, 13 mar (EFE).- Los abogados del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y de ocho funcionarios de su gestión (2018-2023) pidieron este miércoles que se abra una «investigación penal» tras la filtración de unos presuntos chats entre un fiscal que los imputó y el defensor del exgobernante Horacio Cartes (2013-2018).
«Creemos nosotros que es imperativo sobre la base del Código Procesal Penal y la obligación del Ministerio Público de, al tener noticia de la comisión de un hecho punible, abrir una investigación oficio, una investigación penal», declaró la exministra Cecilia Pérez, en una conferencia de prensa junto al equipo de juristas.
Pérez, que asumió la defensa del exsecretario privado de Abdo Benítez y actual diputado oficialista, Mauricio Espínola, mencionó, entre otros, los posibles cargos de revelación de secretos de carácter privado por funcionarios con condición especial, prevaricato, simulación de hechos punibles y otros.
Se pronunció así después de que la prensa publicara este miércoles presuntos chats entre el abogado Pedro Ovelar y Aldo Cantero, uno de los fiscales que imputó a Abdo Benítez y sus exfuncionarios por supuesta revelación de secretos de servicio, declaración falsa y simulación de un hecho punible, entre otros delitos, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia de Cartes.
Ovelar ha tachado de «absolutamente falsos» los supuestos mensajes.
Según el diario ABC Color y la radio ABC Cardinal, los presuntos diálogos tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2023 y fueron registrados en un video del celular del fiscal.
En las imágenes se observan, entre otros, alusiones a supuestas reuniones entre ambos, el presunto envío de archivos de parte del abogado al fiscal y, al parecer, pedidos del defensor sobre asuntos a investigar.
«Vemos puntualmente que en un momento dado ha habido intercambio de diligencias, pedido de permiso, autorización para realizar estos hechos de parte del funcionario, que es el que debe dirigir la investigación, no someterse a la dirección de terceros», agregó la abogada, para quien «hay una sospecha seria de la comisión de hechos punibles».
Además, Pérez pidió la incautación del teléfono móvil «del funcionario o de los funcionarios involucrados», a fin de «precautelar que no sean borradas o eliminadas evidencias que son claves para esta investigación».
También solicitó que el fiscal o los fiscales involucrados «renuncien a su cargo» y, de no hacerlo, reclamó que el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, «los tiene que apartar inmediatamente».
El abogado Felino Amarilla, quien representa al exfuncionario Carlos Arregui, consideró que el expediente contra Abdo Benítez y los exfuncionarios es «fraguado desde el principio» y «obedece a un proyecto político».
«Con esta aparición de los chats en la mañana de hoy, se comprueba categóricamente la conspiración que existió para llegar a esa denuncia. Entonces resulta que la denuncia falsa es la que ellos hacen, los hechos son fraguados por ellos», sentenció el jurista, que llamó a la Fiscalía a «restablecer inmediatamente el orden conculcado».
