Bruselas, 13 sep. (EFE). – El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictará este miércoles la sentencia sobre la multa de más de 4.300 millones de euros que Bruselas impuso a Google en 2018, por considerar que firmó contratos ilegales con los fabricantes de dispositivos Android para afianzar su posición dominante.
Google recurrió esa decisión, pidiendo al tribunal que anule o rebaje la cuantía de la multa y el TGUE emitirá mañana su veredicto, en un fallo que se podrá apelar ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según la Comisión Europea, la compañía obligó a los fabricantes de dispositivos Android a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome a cambio de cederles la licencia de la Play Store, la tienda de aplicaciones móviles de Google.
También pagó a grandes fabricantes y operadores de redes móviles para que no instalaran ningún otro buscador alternativo a Google Search.
Además, impidió que las empresas que querían vender teléfonos móviles y tabletas con aplicaciones de Google pudiesen instalar versiones alternativas del sistema operativo en los dispositivos móviles, las conocidas como «bifurcaciones de Android».
Bruselas considera que estas prácticas son ilegales porque permitieron a Google afianzar su posición dominante en el mercado.
Argumenta que dado que los teléfonos móviles y las tabletas Android tienen instalados por defecto Google Search y Google Chrome, los usuarios tienen pocos incentivos para descargar un buscador y un navegador alternativo.
Según el Ejecutivo comunitario, Google refuerza así su domino, más teniendo en cuenta que, según los datos que recogió durante la investigación previa a la multa, el 80 % de los teléfonos móviles y las tabletas que se vendieron en 2018 en el Espacio Económico Europeo funcionaban con Android.
Durante el juicio, Google afirmó en cambio, que actualmente se descargan más de 300 millones de aplicaciones diarias a través de la Play Store y defendió que si los usuarios optan por sus servicios es porque los consideran útiles.
Desde octubre de 2018 Google ofrece licencias separadas para Google Search y para Google Chrome, a la espera del fallo del TJUE y en 2014 dejó de pagar a los fabricantes para que no instalaran buscadores alternativos.
El pasado mes de noviembre, el TGUE confirmó la multa de 2.424 millones de euros que Bruselas impuso a Google en 2017 por haber favorecido su sistema de comparación de precios frente a los de la competencia.
Además, tiene pendiente decidir sobre otra sanción de 1.490 millones de euros, por abuso de posición dominante en la publicidad en internet a través de su servicio AdSense for Search. EFE
