Cuando ejecutivos de Coca-Cola quieren algo en esta pequeña monarquía africana, no llaman a lobistas ni políticos locales. En cambio, van directamente a ver al rey, según ex empleados de la compañía y funcionarios del país.
La influencia de Coca-Cola sobre el rey Mswati III de Swazilandia le permitió al fabricante de bebidas asegurarse una tasa impositiva de 6%, muy por debajo del impuesto oficial para empresas de 27,5%, según un ex ministro que dice haber participado en las negociaciones. «El rey hace todo lo que le dicen», asegura Sam Mkhombe, quien fue el secretario privado del rey durante siete años y viajó con él a la sede central de Coca-Cola, en Atlanta, en 2007.
Para la empresa estadounidense, cuyos US$48.000 millones en ingresos el año pasado superaron 10 veces el valor del Producto Interno Bruto de Swazilandia, la influencia de la que goza aquí viene con una incómoda concesión: Coca-Cola se ha colocado a la delantera entre las multinacionales cuyos impuestos y producción económica proveen capital extranjero clave a países africanos autoritarios.
Coca-Cola prefirió no revelar el impuesto que paga en Swazilandia, pero indicó que no se involucra en cuestiones políticas aquí ni en ningún otro lugar. «Como política de la empresa, no adoptamos posiciones sobre los asuntos de gobiernos soberanos», señaló Coca-Cola en una respuesta por escrito a preguntas enviadas por e-mail. «Operamos con los mayores estándares de integridad en Swazilandia, al igual que en los más de 200 países donde tenemos presencia».
Percy Simelane, un vocero del gobierno de Swazilandia, no quiso hablar en detalle sobre la relación del rey con la empresa estadounidense. «Su Majestad el rey tiene una política de puertas abiertas con todos los inversionistas y sus empresas y no sólo con Coca-Cola», sostuvo.
Otras empresas han sido criticadas por algunas de sus operaciones internacionales.Exxon Mobil Corp. y Marathon Oil Corp., por ejemplo, son los mayores inversionistas en la industria del petróleo y gas de Guinea Ecuatorial, que genera casi todo el ingreso impositivo del régimen del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el gobernante que lleva más tiempo en el poder en África.
El gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA es el mayor empleador privado en Angola, donde el presidente José Eduardo dos Santos se mantiene en el poder desde 1979.
En 2009, quejas de grupos internacionales llevaron a Nestlé SA a dejar de comprar leche de una granja controlada por la familia del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, otro líder que lleva más de tres décadas en el poder.
Representantes de ExxonMobil y Marathon prefirieron no responder a preguntas específicas sobre la relación de sus negocios con el gobierno de Guinea Ecuatorial. En tanto, Odebrecht indicó que su trabajo en energía, agua, instalaciones sanitarias y otros proyectos beneficia a todos los angoleños, no a un gobierno concreto. «Odebrecht se enorgullece de participar activamente en la reconstrucción y el desarrollo del país», señaló la empresa. Una vocera de Nestlé dijo que la firma lanzó dos programas para asegurarse la provisión de leche de granjeros de pequeña escala en Zimbabwe.
Hace 25 años, Coca-Cola trasladó desde Sudáfrica a Swazilandia una fábrica que produce el concentrado que las embotelladoras mezclan con agua para producir sus bebidas. La mudanza se produjo en un punto álgido de la indignación global y las sanciones contra el régimen de minoría blanca de Sudáfrica.
Actualmente, esta fábrica genera más de la mitad de las exportaciones de Swazilandia, según el banco central, y casi una décima parte de su PIB. Los casi 500 empleados dentro del complejo de Coca-Cola cerca del principal aeropuerto del país están entre los mejores pagados del país, dicen ex empleados y líderes sindicales que intentaron organizarlos sin éxito. Y la empresa afirma que en los últimos tres años gastó US$5 millones en sistemas de agua, equipos médicos, programas de educación y un centro de tratamiento para el VIH.
Algunos analistas indican que Coca-Cola y otras grandes firmas en Swazilandia ahora afrontan la delicada tarea de demostrar que su negocio en auge no está relacionado con la política represiva del país.
«La negativa del rey a iniciar reformas políticas y fiscales sigue siendo un motivo de frustración pública, así que hay un riesgo de reputación al tratar con un gobierno como el de Swazilandia», sostiene Pamela Wadi, consultora de la firma de asesoría corporativa Control Risks.
Coca-Cola anunció este mes que tomaría medidas para prevenir el acaparamiento de tierras por parte de sus proveedores de caña de azúcar, incluyendo revisiones independientes en países como Brasil, Filipinas y Sudáfrica. La decisión se produjo después de que una petición de Oxfam para instar a Coca-Cola y otras compañías a que protejan los derechos de los agricultores, generara más de 225.000 firmas.
Fuente: The Wall Street Journal
