Crédito columna: Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).
La situación actual de la agroindustria y la del resto de la cadena de valor de las oleaginosas en Paraguay es de las más complejas que se ha tenido que atravesar en toda la historia, ya que además de la sequía que ha llevado a que se pierda más del 60% de la cosecha de la soja (el principal cultivo del país) y que afectó la producción de muchos otros productos relevantes, se sumaron los conflictos internacionales que han puesto presión en los precios de insumos claves para esta actividad, como lo son los combustibles y los fertilizantes, con lo cual, incluso una posible recuperación se vuelve más compleja.
En ese sentido, las constantes trabas logísticas que se han generado en los últimos meses con los cortes de rutas, sumados a las amenazas realizadas a camioneros que no se adhieren a las medidas realizadas, añaden todavía más presión a este sector tan importante de la economía nacional, que es a su vez el principal demandante de los servicios de transporte terrestre, que son la fuente de trabajo para tantos compatriotas en todo el país.
Es importante destacar que, todo ciudadano tiene el derecho a manifestarse y peticionar a las autoridades, pero esto debe hacerse sin vulnerar las garantías constitucionales de los demás ciudadanos, en este caso, la libre circulación de bienes y personas por todo el territorio nacional y el derecho al trabajo.
No existe un buen o mal momento para hacer algo que está mal, en este caso, cerrar rutas violando garantías constitucionales de los demás, pero definitivamente, este es uno de los peores momentos para adoptar posturas radicales, porque no solo se pone en riesgo a la economía, que no termina de recuperarse después de los efectos de la pandemia y de la sequía, sino a miles de empleos de compatriotas.
Recordemos que con el quiebre de cosecha o que inclusive podría aumentar, dejarían de ingresar al país aproximadamente US$ 2.500 millones, lo cual sería un duro golpe para toda la ciudadanía, ya que el efecto se sentirá no solo en toda la cadena de valor agrícola y agroindustrial, sino en toda la economía nacional, por lo cual sumar deliberadamente un nuevo factor que afecte negativamente a nuestro país, sería lamentable, por lo que instamos a seguir el camino del diálogo como vía para solucionar los conflictos y atender legítimos reclamos.
Es importante destacar que, todo ciudadano tiene el derecho a manifestarse y peticionar a las autoridades, pero esto debe hacerse sin vulnerar las garantías constitucionales de los demás ciudadanos.
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